Ley de Amnistía en el 2000 fue declarada válida


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Existe un precedente a la reciente resolución que invalidó la Ley de Amnistía: una sentencia de septiembre de 2010 en la que la Sala de lo Constitucional de aquel momento consideró que la ley de 1993 no transgredía la Constitución de la República.

Esa sentencia fue firmada por los magistrados Agustín García Calderón –quien en aquel momento presidía la sala y la Corte Suprema de Justicia–, Mario Solano, Enrique Acosta, Eduardo Tenorio y Alejandro Gómez Vides.

Solano dijo ayer que los magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional deben explicar cuál es la diferencia entre lo que la anterior sala resolvió en 2000 con lo que ellos han decidido actualmente. “El sistema de jurisprudencia constitucional en El Salvador, y en muchas partes del mundo, se basa en el sistema de precedentes judiciales. Esto quiere decir que las sentencias anteriores van dando el sustento, o la base, para que las siguientes sentencias que se refieren al mismo punto, o puntos similares, se traten de la misma manera”, explicó el exmagistrado.

Solano aclaró que lo anterior no significa que los precedentes no pueden cambiar; sin embargo, agregó que para que eso suceda, el objeto en estudio de inconstitucionalidad debe haber cambiado. En ese sentido, señala el exmagistrado, la Ley de Amnistía que ellos declararon constitucional en 2000 no ha sufrido cambios.

Solano agregó que los precedentes jurídicos se van manteniendo para generar seguridad jurídica en los países.

Los demandantes en el proceso de inconstitucionalidad de 2000 alegaban que debía prevalecer los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el país es firmante.

“Debe entenderse que la amnistía contenida en el mismo es aplicable únicamente en aquellos casos en los que el mencionado ocurso de gracia no impida la protección en la conservación y defensa de los derechos de las personas, es decir cuando se trata de delitos cuya investigación no persigue la reparación de un derecho fundamental”, interpretaron en 2010 los magistrados constitucionalistas.

Con la reciente declaratoria de inconstitucionalidad que hicieron cuatro magistrados de la sala se abrió la posibilidad de que se judicialicen al menos los 32 casos cometidos durante el conflicto armado que fueron señalados en el informe de la Comisión de la Verdad. De estos, 20 son atribuidos al Ejército y 12 a la exguerrilla, de donde provienen varios funcionarios del ahora partido de gobierno.

En la sentencia de 2000, los magistrados determinaron: “Se concluye que la legitimidad de los efectos señalados en el artículo impugnado depende de la correcta interpretación que el aplicador del derecho haga en cada caso concreto del art. 1 de la misma ley… En consecuencia, tampoco puede sostenerse que el art. 4 letra e de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (LAGCP) sea inconstitucional puesto que también admite una interpretación conforme a la Constitución y por lo mismo procede desestimar la pretensión”.

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