FMLN menciona impuesto a patrimonio mayor a $1 millón


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La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, diputada del FMLN, cree que el impuesto a los patrimonios netos mayores a un millón de dólares ya debieran estar aprobados en El Salvador.

Este impuesto es una de las medidas consideradas por el Gobierno, el FMLN y ARENA, en una negociación para lograr un acuerdo fiscal. Otras medidas son: una Ley de Responsabilidad Fiscal, ahorro estatal y austeridad, mayor focalización de subsidios, impuesto predial, IVA diferenciado, aprobación de $1,200 millones en títulos valores, una ley para recuperar deudas con el fisco, entre otras.

“Por ponerle un ejemplo, los que tengan un patrimonio neto –activos menos pasivos– arriba de $1 millón, ya deberían de pagar algún impuesto”, aseguró Peña, después de explicar que ella “estaría feliz y dispuesta” a aprobar el impuesto al patrimonio que, afirmó, fue derogado por el expresidente Alfredo Cristiani “para que los ricos no pagaran impuestos”. “Yo creo que debe reactivarse”, insistió.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres consideró que debe analizarse un impuesto al patrimonio.

“Yo personalmente estoy de acuerdo con que hay que revisar todas las propuestas. Yo creo que hay que poner rápidamente impuesto al patrimonio. No puede ser que El Salvador sea el único país en América Latina que no tenga impuesto al patrimonio”, reiteró. El funcionario dijo que la población ya tuvo un “descanso” al no pagar este impuesto y debe comenzar a discutirse para volverlo a crear. No quiso detallar cuál podría ser el mínimo imponible en este tipo de impuesto.

La oposición no se mostró abierta a estudiar el impuesto al patrimonio. ARENA pidió ahorro y GANA solo mostró apertura, por el momento, a aprobar los $1,200 millones en bonos solicitados por el Gobierno en febrero de 2016 para pago de capital e intereses de la deuda de corto plazo, apoyo presupuestario y fortalecer la caja de la Tesorería General. La Asamblea no tiene una propuesta de impuesto al patrimonio. En 2014, estudió y descartó una propuesta gubernamental para gravar casas de campo y ranchos de playa.

 

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